El proyecto

El severo deterioro de la calidad de vida de los venezolanos se manifiesta con gran nitidez en la carencia y/o deficiencia en la prestación de los servicios públicos (agua potable, cloacas y drenajes, electricidad, gas doméstico, telefonía e internet, vialidad, equipamiento urbano y espacios públicos, entre otros). Ello, a la par de la inestabilidad política y económica, ha contribuido a una alta migración de la población, generando una cuantiosa pérdida en términos de recursos humanos y de capital social.   Hoy las carencias y profundo deterioro de los servicios públicos es un componente fundamental de la honda crisis política, social y económica que azota a amplias capas de la población, la cual exige para su superación la participación activa de diversos sectores de la sociedad.  En particular, los gremios profesionales y las universidades son instituciones con alta credibilidad, un valioso recurso humano y la posibilidad de contribuir efectivamente a la solución.

En la mayoría de nuestras comunidades populares se desconocen los derechos constitucionales al disfrute oportuno y permanente de servicios públicos de calidad, los procedimientos para realizar demandas ante los organismos prestadores de los servicios, y de cómo y dónde acudir cuando los derechos a tales servicios estén siendo denegados por los organismos prestadores. De igual manera, se desconocen las propuestas de solución a los problemas fundamentales de la sociedad venezolana, incluidos los servicios públicos, presentadas desde el campo democrático en el Plan País, mismas que fueron elaboradas con la participación de actores políticos, gremios profesionales, sectores empresariales, universidades y organizaciones no gubernamentales.

Al mismo tiempo, la gran mayoría de los habitantes de esas comunidades no poseen los conocimientos, metodología y herramientas para realizar Contraloría Social al funcionamiento de los servicios públicos, ni tampoco para proponer soluciones viables desde el ámbito local. En ese contexto de graves carencias de información significativa en torno a los servicios públicos, la Participación Ciudadana es bastante escasa, y de baja organicidad.

La idea de movilizar y organizar a la gente en torno a sus problemas reales y cotidianos más sentidos (alimentos, salud, servicios públicos, etc.) es parte del ejercicio de la ciudadanía, cuyos mecanismos institucionales de participación están claramente establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. Este esfuerzo no solo aspira canalizar efectiva y positivamente el descontento sino es un recurso valioso para la gestión local, la cogestión y en general, para reducir los niveles de conflictividad y garantizar la gobernabilidad futura.  

En la Fundación Construyen País (FCP) creemos en la necesidad de aproximar a los gremios profesionales (Colegio de Ingenieros de Venezuela) y las universidades a las comunidades y sus problemas reales, articular mecanismos para que puedan contribuir a la solución de los mismos.  Para que ello sea posible, se requiere elevar la participación ciudadana y promover la organización comunitaria.  ¡De eso se trata!

En ese contexto grosso modo descrito, con nuestro Proyecto Promoción de la Organización Comunitaria para Mejores Servicios Públicos (PROCO+SP) nos proponemos brindarle a dirigentes, activistas y residentes de comunidades populares, una gama de conocimientos y herramientas que les permitan una clara comprensión de los componentes de orden constitucional, legal, técnico y administrativo que conciernen a los servicios públicos, al mismo tiempo que les ayude a la identificación de los intereses colectivos allí involucrados, y en consecuencia propendan a conformar instancias organizativas ad hoc (Comités de Usuarios) en su ámbito territorial local, a los fines de promover las acciones orientadas a mejorar el acceso y la calidad de los servicios públicos, contribuyendo de esa manera a elevar significativamente los niveles de vida de la población, particularmente en los sectores populares.  

Promover la organización de las comunidades populares a fin de lograr su participación consciente en la defensa de sus derechos al disfrute de servicios públicos eficientes y de calidad, facilitando la participación ciudadana en procura de adecuados niveles de calidad de vida.

1. Crear en las comunidades populares intervenidas los Comités de Usuarios de los Servicios Públicos (CUSP), y entrenarlos con el conocimiento y manejo de los componentes constitucionales, legales y normativos que protegen a los servicios públicos como parte del conjunto de los derechos humanos de los ciudadanos.
2. Elaborar la Guía Didáctica del Mapa de Procesos de los Servicios Públicos, a usarse para la capacitación de los integrantes de los CUSP, que incluyan los aspectos funcionales, técnicos y administrativos relacionados con la prestación de servicios públicos básicos: acueductos y drenajes; electricidad y alumbrado público, aseo urbano; vialidad y transporte público, gas doméstico y telecomunicaciones.
3. Dotar a los CUSP de instrumentos metodológicos de Control Ciudadano de los Servicios Públicos (CC-SP), para que realicen evaluación y monitoreo de los servicios públicos en sus comunidades. La información recopilada servirá de soporte al acudir ante los organismos públicos competentes pero también será un insumo para el diagnóstico, evaluación y la planificación por parte de organismos públicos y privados responsables de la prestación de los servicios.
4. Brindar a las comunidades organizadas Asesoría y Asistencia Técnica a los CUSP para abordar los problemas de servicios públicos y promover soluciones.
5. Entrenar a los miembros de los CUSP para el mejor uso comunicacional de los datos recogidos con las FCC-SP, y apoyar sus gestiones ante los organismos competentes.